Profesor Especialista en Currículum y Evaluación
Doctor en Educación y Desarrollo
Ámbar, Sophie, Tomás, entre muchos otros niños violentados y brutalmente asesinados. Aproximadamente, son 300 niños menores de 5 años, que se encuentran desaparecidos en el último periodo, pero, que hacemos nosotros además de lamentarnos y enarbolar discursos de necesidad de cambio, sin que se haga nada en concreto, es más, desde la Subsecretaría de la Niñez, se señala que están trabajando y que lo importante es educar a las personas para proteger los derechos de los niños…
Al escuchar discursos como este, es imposible no preguntarse ¿es broma?… necesitamos con urgencia y no de hoy, sino que, desde hace mucho tiempo, endurecer las penas, endurecer las sanciones y que la justicia haga justicia, además, de entregar garantías y atribuciones para ello según corresponda.
Cuando hablamos de pena de muerte, sale inmediatamente el discurso sobre los derechos humanos y que los agresores tienen derechos. Por cuanto, la pregunta inevitable que nos hacemos quienes tenemos conciencia es ¿y los derechos de quienes han sido violentados?, ¿Qué pasa con los derechos de quienes han sido asesinados?, ¿Quién se esta ocupando de los derechos de los niños y niñas a los cuales se les ha silenciado sueños y futuro?… quien hace algo por esas victimas inocentes que han sido salvajemente abusados y asesinados sin ninguna compasión…
Hace más de una década, producto de lo sucedido en la Región de Los Ríos, señalé la importancia de debatir la restitución de la pena de muerte, a lo que salieron voces de todos los sectores señalando que era una medida vieja, fofa, inhumana, vulneradora de derechos, etc, pero hoy, llevamos días con un solo tema en los medios de comunicación y es la muerte del pequeño Tomás.
Sin punto de comparación entre lo uno y lo otro, pero en la Araucanía vemos que se ha perdido el Estado de Derecho, misma situación en la capital. Del mismo modo vemos como la delincuencia gana terreno día a día, producto de policías con escasas atribuciones, con Carabineros temerosos de actuar, ya que si proceden, viene el discurso de vulneración de derechos humanos y son sancionados, mientras nuestros políticos, enfrascados en proyectos que no solucionan la verdadera problemática y necesidad social, debaten arduamente proyecto de ley como el que posibilita que el apellido de la madre anteceda al del padre, lo cual puede ser válido, pero no tiene ninguna urgencia, a diferencia del resguardo de nuestros niños, de los ciudadanos, que no queremos otra cosa más que poder vivir tranquilos, que exista paz social y equidad.
Sólo como antecedente, en Chile mantener a un reo, le significa en promedio $ 700.000 de gasto al Estado, mientras que la inversión que realiza el mismo Estado en la educación de un niño en el periodo escolar es inferior a $ 100.000 promedio mensual, entonces no es de extrañarse de los resultados y la inequidad existente, pese a la existencia de recursos, pero estos no son canalizados o priorizados para lo que realmente interesa.
En conclusión, el restituir la pena de muerte, permitirá una real disuasión de estos vándalos de comportamiento inhumano, así como otorgar mayor atribución a las policías y una legislación efectiva además de oportuna, nos permitirá a todos comenzar nuevamente a vivir tranquilos y en mejores condiciones, lo cual es precisamente lo que deseamos todos los ciudadanos.